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Incremento de demandas en procedimientos de Tutela Laboral y aumento explosivo de Reclamos en 2024 en comparación al Primer semestre de 2023.

 

De acuerdo a cifras entregadas por el Poder Judicial, en el primer semestre del 2024 se han ingresado a los tribunales laborales de nuestro país un 14,36% más de demandas en procedimientos de tutela laboral y un 26,45% de reclamos en comparación con el primer semestre de 2023. Poder Judicial en números.

 

 

La Tutela Laboral es un procedimiento judicial regulado por el Código del Trabajo, que se tramita ante los tribunales laborales. Se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten algunos derechos fundamentales de los trabajadores, incluidos los funcionarios públicos por expresa modificación legal.

 

El aumento en un 14,36% de demandas en este procedimiento indica no sólo un recargo a los tribunales laborales sino también una clara tendencia de sobrejudicialización de conflictos laborales, lo que no indica precisamente un aumento de conocimiento de los trabajadores y resguardo de sus derechos laborales sino en muchas ocasiones un abuso de este procedimiento para lograr acuerdos y obtener plazos más acotados por parte de los abogados, lo que ha llevado a un desprestigio de la acción poniendo en peligro a las causas que realmente requieren de una intervención más ágil y efectiva respecto a vulneraciones de derecho fundamentales, prácticas antisindicales o desleales en la negociación colectiva.

 

Los reclamos judiciales en cambio proceden en virtud del artículo 420 del Código del Trabajo, contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social.

El mayor porcentaje de ingresos de reclamaciones se debe a multas impuestas por las inspecciones del trabajo, en donde en el primer semestre de 2024 se han ingresado un 26,45% más de reclamaciones en comparación con el primer semestre de 2023, lo que indica no sólo un aumento de multas por estas entidades sino probablemente un aumento de fiscalizaciones por incumplimientos laborales derivados de las nuevas leyes laborales que han modificado el tipificador infraccional.

 

Debido a que la entrada en vigencia de la Ley Karin se produjo en agosto de 2024, se prevé que estos indicadores se mantengan o sigan incrementándose para este final de año, donde una buena asesoría e implementación de los protocolos de prevención y resolución de conflictos laborales al interior de las empresas se vuelve imprescindible para que los empleadores puedan adecuar su normativa interna a las nuevas exigencias legales.